sábado, 16 de junio de 2012

DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE RECIBIMIENTO DE DISTINTAS COLECTIVADADES


Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

Comisión de Salud Pública
y Asistencia Social


Carpeta Nº Nº 2182 de 2007
Versión Taquigráfica N°1707 de 2008

DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Normas

Asociación de Padres y Jóvenes de Prado y Sayago
ver exposición

Corriente Social Cristiana del Partido Nacional
ver exposición

Movimiento Ecuménico Pro Vida
ver exposición

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 13 de agosto de 2008


(Sin corregir)



PRESIDE:  Señor Representante Dardo Ángel Sánchez Cal, Vicepresidente
MIEMBROS:Señor Representante Luis José Gallo Imperiale
INVITADOS:Por la Asociación de Padres y Jóvenes de Prado y Sayago, señora Elaisa Vega de Varela, arquitecta Rosa Falero y señor José Marcos Lezama

Por la Corriente Social Cristiana del Partido Nacional, señora Ángela Sonia Vujanich, escribano Bruno Coppola y contador Esteban Castellar

Por el Movimiento Ecuménico Pro Vida, señores Eliomar Carrara, Damián Silva y José de Mattos


SEÑOR PRESIDENTE (Sánchez Cal).- Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social da la bienvenida a una delegación de la Asociación de Padres y Jóvenes de Prado y Sayago, integrada por la señora Elaisa Vega de Varela, la arquitecta Rosa Falero y el señor José Marcos Lezama, quienes se referirán al proyecto de ley a estudio de esta Comisión, "Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva".

SEÑORA FALERO.- En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión por la deferencia de recibirnos.

Estamos aquí los representantes de la Asociación de Padres y Jóvenes de Prado y Sayago, constituida hace poco tiempo y que nace a partir de la preocupación manifestada por padres, vecinos y familiares en cuanto a que los jóvenes necesitaban un espacio en el que pudieran participar conjuntamente con sus padres, en el que tuvieran oportunidad de expresarse, de poner de manifiesto las dificultades que se les presentan en estos momentos. Por eso se fue dando cuerpo a esta asociación. Y hoy estamos acá a efectos de exponer nuestra honda preocupación por el proyecto de ley que en este momento está en discusión, "Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva".
Entendemos que este proyecto de ley ataca la dignidad del ser humano y en su etapa más vulnerable. Queremos comenzar por aclarar que ante todo se debe defender la vida del ser humano, y esta comienza con la concepción. Esto lo dice la ciencia; no es cuestión de opiniones ni de creencias.
El proyecto de ley degrada el embrión humano; lo presenta tan solo como un obstáculo en la vida de la mujer o del hombre, como una barrera para el mejor desarrollo social, económico, síquico y hasta político. Señores, no estamos de acuerdo.
Este proyecto de ley se centra en el aborto, y por eso la discusión se ha centrado allí. No era para menos, si estamos hablando de legalizar el asesinato de seres humano.
Como padres, como madres, queremos hacer hincapié en el resto del proyecto de ley que nos preocupa más aún y que capaz que no está tan difundido porque nos concierne directamente ya que contiene un gravísimo atentado a la patria potestad y nos ataca a nosotros, los padres, y perjudica a nuestros hijos.
La familia tiene el derecho de ser la primera educadora de sus hijos, y de hacerlo de acuerdo con sus valores morales. Este derecho está consagrado en el artículo 41 de la Constitución de la República, que los señores Diputados conocen más que quien habla, y que establece: "El cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres (...)". Este proyecto de ley obliga a que el niño reciba una educación contraria a nuestros principios bajo pena de ser combatidos.
Se dice que este proyecto busca los derechos sexuales y reproductivos: el aborto, la anticoncepción, la esterilización. ¿Qué clase de derechos son esos? ¿Estas son las ideas de progreso, de cambio hacia un Uruguay mejor? Nosotros, padres, no queremos que nuestros hijos sean sometidos a toda esa propaganda y prácticas.
Ya sabemos que la idea de salud sexual y reproductiva responde al control de la población, pero lo más preocupante es que impone a nuestros hijos un adoctrinamiento a nuestras espaldas y contra nuestra voluntad.
Los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos, pero la ley pretende privarnos de ese derecho, ya que impone una filosofía que no es la mía, apuntando al placer a cualquier costo; mi hijo va a recibir una educación contraria a mis principios, un adoctrinamiento desde la edad inicial, una confidencialidad en la que yo estoy al margen, y si opino distinto, me combaten.
El proyecto de ley pretende consagrar un supuesto derecho a la confidencialidad, que no es otra cosa que privar a los padres de la patria potestad. En ese sentido, el literal b) del artículo 3º, Capítulo I, establece: "garantizar la calidad, confidencialidad y privacidad de las prestaciones (...)"; el literal a) del artículo 4º del mismo Capítulo dispone: "difundir y proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva"; y el artículo 22 del Capítulo V dice: Artículo 22.- Incorpórase al Código de la Niñez y la Adolescencia el siguiente artículo: "Artículo 11 bis. (Información y acceso a los servicios de salud).- Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inclusive los referidos a la salud sexual y reproductiva, debiendo los profesionales actuantes respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecerle las mejores formas de atención y tratamiento cuando corresponda'". En el mismo artículo 22 se habla de la autonomía progresiva de los adolescentes.
Los adolescentes y los niños no son adultos. Si se habla de autonomía, es una autonomía en formación, moldeada por los modelos y los consejos que vayan recibiendo los niños y adolescentes durante su desarrollo y su educación. No es una autonomía absoluta; no es una autonomía ya formada, y por eso nosotros, los padres, estamos allí para cumplir con nuestro deber y nuestro derecho a guiarlos y a orientarlos. Para eso los trajimos a la vida, no para que nos sean arrebatados y entregados en manos del Estado y que este los deforme, inculcándoles valores y principios de vida contrarios a los que como padres entendemos mejores para ellos, como pretende este proyecto de ley.
Los hijos son nuestros, de los padres; no son del Estado. El Estado debe velar por el respeto de este derecho en lugar de pretender marginar y sustituir a los padres.
¿Cómo es posible que una hija entre a la consulta con el ginecólogo y que la madre sea obligada a esperar afuera? Esto ya ocurre hoy en policlínicas. Eso se hace contra el derecho, y si bien algunas madres lo aceptan con perplejidad, por ignorancia de sus derechos como padres, muchas otras no. Y ahora quieren legitimar esto a través de una ley. ¿Quién va a aconsejar a nuestros hijos? ¿Alguno que no sabemos qué piensa ni qué les va a decir? Quizás un ginecólogo que ha recibido una formación o deformación con una mentalidad hedonista y antinatalista. ¿Cuál va a ser el discurso de la doctora en el consultorio? ¿Tenés derecho al aborto, tenés derecho a ponerte un DIU, tenés derecho a los anticonceptivos, presentando a los jóvenes una inclinación tendenciosa que no tiene por qué coincidir con la de los padres ni con lo que quieren trasmitir a sus hijos? ¿Y cómo podrán los padres transmitir a sus hijos posteriormente lo que ellos piensan respecto a estos temas? ¿Cómo podrán intentar disuadir a su hija de abortar cuando el ginecólogo le ha dicho lo contrario?
Los padres tenemos el derecho e, inclusive, el deber de estar presentes en la consulta de nuestras hijas al ginecólogo. Los padres debemos apoyarlas en toda circunstancia y por encima de cualquier condición. El supuesto derecho a la confidencialidad en la consulta es, en realidad, un verdadero perjuicio para la chica, ya que la deja sola y sin ningún tipo de apoyo. Así terminan abortando.
Según este proyecto, los padres no pueden preservar a una hija del aborto. El proyecto consagra el derecho de una menor a abortar contra la voluntad de sus padres o representantes legales. Contra la opinión de los padres y sin su consentimiento o en contra de su opinión, el médico puede concurrir al Juez. El Juez deliberará inclusive a las tres de la mañana, si fuera necesario.
El proyecto quiere disfrazar el hecho de que nos deja a los padres de lado. En el Capítulo II, artículo 12, se establece: "Artículo 12.- (Consentimiento de niñas y adolescentes).- En los casos de adolescentes o niñas el médico recabará su consentimiento así como el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales o, en caso de ausencia o inexistencia de éstos, de la persona encargada de su cuidado". Y el artículo 13 del mismo Capítulo II dice: "(Autorización judicial). Cuando por cualquier causa se niegue el asentimiento previsto en el artículo anterior o sea imposible obtenerlo, la adolescente o la niña que quiera interrumpir su embarazo podrán acudir al juez letrado con competencia en materia de familia especializado, quien autorizará la interrupción del embarazo siempre que se cumplan los plazos y condiciones previstas en los artículos 8º, 9º y 11 de la presente ley. La adolescente o la niña deberá comparecer personalmente con asistencia letrada. El procedimiento será verbal y el juez, previa audiencia, resolverá en el plazo máximo de cinco días a partir del momento de la presentación de la petición ante la sede, habilitando horario inhábil si fuera menester".
O sea que si el adulto a cargo niega el asentimiento, la menor puede, de todos modos, recurrir al Juez y este, según el procedimiento verbal ni siquiera se le brinda un tiempo de reflexión para escribirlo, deberá autorizar "autorizará" el aborto. Entonces, la patria potestad deja de existir y la ley le dice al Juez lo que debe juzgar.
En el Capítulo V, artículo 22 se dice que de acuerdo con la edad del niño, niña o adolescente se propenderá a que las decisiones se adopten en concurrencia con sus padres u otros referentes adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la autonomía progresiva de los adolescentes. Continúa diciendo que en caso de existir riesgo grave para la salud del niño, niña o adolescente y no pudiere llegarse a un acuerdo con este o con sus padres o responsables del mismo en cuanto al tratamiento a seguir, el profesional podrá solicitar el aval del Juez competente en materia de derechos vulnerados o amenazados de los niños, niñas y adolescentes, quien a tales efectos deberá recabar la opinión del niño, niña o adolescente, siempre que sea posible. O sea que en caso de que los padres no estén de acuerdo, el médico le pedirá al Juez que recabe la opinión del menor, por lo que los padres otra vez quedan fuera. Además dice "siempre que sea posible", por lo que si la menor, por ejemplo, está inconsciente y los padres se oponen al aborto, el médico puede conseguir que el Juez obligue a realizar el aborto. Esto es macabro. En los momentos más críticos para una adolescente, se la deja librada en manos de extraños tendenciosos que no tienen ningún interés en la chica.
El derecho del menor es contar con el apoyo de sus padres en las decisiones difíciles que tenga que tomar. Los adolescentes no son adultos. ¿Acaso los menores tienen derecho a decidir, por ejemplo, dejar de asistir a clases o no tomar un medicamento? ¿Pero sí van a tener derecho a decidir a someterse a un aborto, que es algo que va a afectarlas por el resto de sus vidas?

SEÑORA VEGA.- Ahora vamos a referirnos a las ideas que hay detrás de este proyecto de ley.

La filosofía, la antropología que hay detrás de este proyecto es el amor libre vale todo, cuando quieras, como quieras y la plenitud sexual, alcanzando placer de cualquier manera y a cualquier precio.
En el Capitulo I, artículo 2º se habla de reconocer el derecho de toda persona a procurar su satisfacción sexual según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten respetados los derechos de terceros. Con esto, se pierde el sentido de lo que es natural; cualquier eventual aberración es posible, por ejemplo, el sexo en grupo, entre tres o cuatro personas, que es algo que vemos los padres, con horror, en la propaganda del Ministerio de Salud Pública para prevención del SIDA y que luce en los pósters que se colocan en los ómnibus y en las paradas. Entonces, ¿cuál es el límite de la ley, las necesidades y preferencias? Uno de mis hijos varones dijo al leer este artículo: "Esto rebaja al hombre al estado de perro, al estatus de 'pichicho', cuando yo quiero, como quiero y cuando me dé la gana". Además, el artículo habla de reconocer el derecho de toda persona, y ello incluye a los niños y a los adolescentes.
En dos o tres artículos se habla de la confidencialidad del médico y de la autonomía del niño lo que, obviamente, hace referencia al no derecho de los padres para justificar cualquier conducta en materia sexual.
Se trata de una ley hedonista del placer por el placer, en donde se justifican los actos sexuales por el simple placer, lo que afecta a toda nuestra sociedad, la relación entre padres e hijos y entre los adolescentes. Entonces, si yo tengo derecho a ese placer ¿cómo me conduzco con respecto a los demás? ¿Qué hago valer frente a los demás?
Nosotros no negamos la dimensión del placer, pero vinculado a otras dimensiones de lo humano, no recortado y justificado por sí mismo, porque eso es hedonismo, lo que lleva, indefectiblemente, a la promiscuidad y a la degradación humana. Entonces, una propuesta así ¿podrá traer una propuesta de cohesión familiar o social? Estoy pensando en el respeto, en el derecho a la honra de los demás, en el derecho a la intimidad de los otros y en la profundización en el amor.
Los padres reivindicamos el derecho a educar a nuestros hijos según la filosofía que entendamos más conveniente para su felicidad y su bienestar, derecho consagrado en nuestra Constitución y que este proyecto, en su Capítulo I, nos quiere arrebatar. Esta es una ley que promueve "el vale todo" en materia sexual.
A lo largo de todo el proyecto se habla de garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva. En el Capítulo I, artículo 1º, se habla de los deberes del Estado y dice que este garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. También dice que a tal efecto promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para desarrollarlos, pero casi nunca se habla de responsabilidades de las personas que ejercitan estos derechos. Las responsabilidades son muy serias y muy graves.
El Capítulo I, artículo 4º, refiere a difundir y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas adultas en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera informarles que la Comisión tiene como norma que las delegaciones realicen una exposición de aproximadamente veinte minutos. Hago esta aclaración porque todavía debemos recibir a dos delegaciones más.

Por lo tanto, les pediría que sintetizaran su exposición y, si es posible, que la dejaran en poder de la Comisión para que sus miembros puedan informarse mejor al respecto.

SEÑOR LEZAMA.- He concurrido a esta Comisión para dar la opinión de los jóvenes.

Este proyecto de ley también viola el derecho que tienen los hijos a recibir orientación de los padres, sobre todo, en algo tan delicado como la educación sexual, que toca las dimensiones más profundas de nuestro ser.
Los hijos tenemos derecho a recibir consejo de nuestros padres, a ser apoyados por ellos. Todos conocemos las carencias que tienen quienes provienen de familias rotas, donde a veces falta la guía paterna. Los adolescentes queremos y necesitamos ser guiados. Estamos construyendo nuestra escala de valores y nuestra autonomía en un entorno que nos apoya y contra el cual vamos contrastando nuestras opiniones. Y para ello necesitamos del entorno familiar, sobre todo, ante una situación angustiosa, como es la paternidad adolescente. La familia y las instituciones educativas son las dos instituciones que afectan de forma directa nuestra formación moral e intelectual. Entonces ¿qué consecuencia tendrá para nosotros los jóvenes el hecho de que por ley las instituciones educativas se vean forzadas a impartir una filosofía de vida que va en contra de la que se recibe en la familia? La institución educativa, en lugar de ser el espacio elegido por los padres para complementar la formación que se recibe en la casa, se tornará su propio enemigo, y la única víctima seremos los jóvenes, ya que además de estar en el proceso de formación de nuestra escala de valores, se nos va a añadir el conflicto de opciones: la familia versus la instrucción que el Estado impone por ley.
Los jóvenes también tenemos derecho a una educación laica, que nos permita elaborar nuestras propias opciones, y no queremos que se nos imponga en la educación una sola filosofía como válida. Aquí el Estado asume una postura en materia de sexualidad y nos dice cómo tenemos que vivirla. Nada más lejos de la laicidad. Nosotros no tendremos libertad para opinar de manera diferente y vamos a tener que estar en las aulas escuchando un tipo de filosofía de la sexualidad, que es una materia que toma un montón de dimensiones, tales como inteligencia, afectividad, voluntad y proyecto de vida. Por lo tanto, ¿qué derecho tendremos nosotros y nuestros padres para objetar estar en esas aulas?
Pensamos que la instauración de una ideología en materia de sexualidad traerá como consecuencia una solapada persecución que ya se está experimentando hoy en día en el ámbito universitario y terciario. A modo de ejemplo, puedo decir que los estudiantes de medicina que no están de acuerdo con lo que el profesor plantea en materia filosófica y moral deben callarse, aceptar lo que se les dice y dar los exámenes como saben que al profesor le gusta; no dicen nada por temor a no poder recibirse.
Quisiera terminar mi exposición agradeciendo a la Comisión por habernos recibido y por permitir que expusiéramos nuestra opinión sobre el proyecto que, en este caso, involucra a padres y jóvenes.

SEÑORA VEGA.- Solo quiero saber por qué, como madre, tengo que aceptar que a mis hijos se les dé en las instituciones educativas, por mandato del Gobierno, un tipo de material o instrucción en este sentido, o por qué mis hijos chicos o mis futuros nietos deberán soportar, en el aula, que se los eduque con dibujos. Para mí eso es corrupción de menores, porque el hecho de que existan realidades como las que muestra el manual no quiere decir que deban enseñarse en las aulas. Es muy distinto saber que hay realidades que difieren de las que tengo como principios a que estas sean inculcadas en el aula. (Se retira de Sala la delegación de la Asociación de Padres y Jóvenes de Prado y Sayago)

(Ingresa a Sala una delegación de la Corriente Social Cristiana del Partido Nacional)

SEÑOR PRESIDENTE.- Es un gusto para la Comisión recibir a una delegación de la Corriente Social Cristiana del Partido Nacional integrada por la señora Ángela Sonia Vujanich, el escribano Bruno Cóppola y el señor coordinador Esteban Castellar.

SEÑOR CÓPPOLA.- Nuestra agrupación, la Corriente Social Cristiana, se opone al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva en su totalidad por no compartir la filosofía general que lo inspira, sumado a un cierto sesgo autoritario en la promoción de nuevas concepciones y doctrinas que no compartimos. A continuación sucintamente explicitamos las razones fundamentales que nos llevan a oponernos a dicho proyecto.

La primera razón es el atentado a la patria potestad, comenzando por la confidencialidad de la información y los servicios prestados a los menores de edad, aspecto que margina a los padres imposibilitando en los hechos el ejercicio de la patria potestad.
En el Capítulo I, Artículo 3º, literal b) se establece garantizar la calidad, confidencialidad y privacidad de las prestaciones, y en el 4º, difundir y proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva. Aquí se habla de servicios no solamente de información para "niños, niñas y adolescentes"; es decir que se refiere al derecho de los niños y las niñas a la anticoncepción y al aborto sin que los padres puedan intervenir, pues es un derecho y además incluye la confidencialidad.
El Artículo 22 incorpora un artículo al Código de la Niñez y la Adolescencia que básicamente establece que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inc1usive los referidos a la salud sexual y reproductiva, debiendo los profesionales actuantes respetar la confidencialidad de la consulta y ofrecerles las mejores formas de atención y tratamiento cuando corresponda
Aquí se explicita ese derecho, y esto constituye un atentado a la patria potestad y a la familia resumiendo el espíritu general del proyecto.
El Artículo 2º se refiere al derecho de las personas a la satisfacción sexual. Dice: "(...) reconocer el derecho de toda persona a procurar su satisfacción sexual según sus propias necesidades y preferencias, siempre que resulten respetados los derechos de terceros". Y se refiere a "toda persona"; incluye a los niños y adolescentes. Eso quiere decir que se limita a los padres en la educación, en guiar y controlar a sus hijos menores en materia sexual.
En el Capítulo II se aborda el derecho de la menor a abortar contra la voluntad de sus padres o representantes legales.
En el Artículo 12 se establece que en los casos de adolescentes o niñas el médico recabará su consentimiento así como el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales o, en caso de ausencia o inexistencia de estos, de la persona encargada de su cuidado. Aquí se distingue consentimiento, que es el que debe prestar la menor, de asentimiento, que es el que debe prestar el adulto a cargo de la menor. Esto es importante por lo que se expresa a continuación. El Artículo 13 establece la autorización judicial y dice que cuando por cualquier causa se niegue el asentimiento previsto en el artículo anterior o sea imposible obtenerlo, la adolescente o la niña que quiera interrumpir su embarazo podrá acudir al Juez letrado con competencia en materia de familia especializado, quien autorizará la interrupción del embarazo siempre que se cumplan los plazos y condiciones previstas en los artículos 8º, 9º y 11. La adolescente o la niña deberá comparecer personalmente con asistencia letrada. El procedimiento será verbal y el Juez, previa audiencia, resolverá en el plazo máximo de cinco días. Por lo tanto, si el adulto a cargo niega el asentimiento, la menor puede de todos modos recurrir al Juez, y este deberá autorizar el aborto porque el proyecto de ley dice textualmente "autorizará". Asimismo, dice que en caso de existir riesgo grave para la salud del niño, niña o adolescente y no pudiera llegarse a un acuerdo con este, con sus padres o sus responsables en cuanto al tratamiento a seguir, el profesional podrá solicitar el aval del Juez competente en materia de derechos vulnerados o amenazados de niños, niñas y adolescentes, quien a tales efectos deberá recabar la opinión del niño, niña o adolescente, siempre que sea posible. O sea que en caso de que los padres no estén de acuerdo, el médico podrá pedir al Juez que recabe la opinión del menor, dejando de lado la opinión paterna, agregando además "siempre que sea posible", o sea, que si se diera la desgracia de que la menor estuviera inconsciente y los padres se opusieran al aborto, el médico igualmente podría conseguir la autorización judicial para realizar el aborto.
La segunda razón es el atentado contra la familia, que es base de la sociedad según la Constitución uruguaya. Esto queda probado con lo dicho hasta ahora en cuanto al límite del ejercicio de la patria potestad.
La tercera razón es el atentado a la laicidad del Estado, en primer lugar, al pretender imponer por ley la ideología llamada "perspectiva de género". En el Artículo 2º del Capítulo I se establece que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables y su protección incluye: a) la equidad en términos de género. Tengamos presente, a cuenta de lo que se expresará más adelante, que organizaciones promotoras de este tipo de leyes a nivel mundial tienden a presentar el aborto, ya no como un mal menor como lo están sosteniendo ahora algunos grupos, sino como un derecho humano fundamental.
En el Artículo 3º literal b) del Capítulo I se establece la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones y las condiciones para la adopción de decisiones libres por parte de los usuarios y las usuarias. Se dice que la perspectiva de género es una ideología según la cual el ser varón o mujer no es algo natural, sino cultural, y por tanto, modificable. La homosexualidad entonces es tan legítima y válida, bajo todo aspecto, como la heterosexualidad, y existen por lo menos cinco opciones sexuales diferentes e igualmente posibles y válidas para cada persona. Esta ideología busca la destrucción de la familia por considerar que la maternidad es opresiva para la mujer, y también por pretender que el Estado combata las formas de pensar, decir o enseñar contrarias a dicha ideología.
En el Artículo 2º literal g) de este mismo Capítulo I se establece combatir las discriminaciones de orden cultural que impidan la toma de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Y en el literal h) se habla de combatir toda forma de violencia sexual y otras presiones de carácter físico, social, económico o cultural. En estos dos párrafos se habla de "combatir" las discriminaciones y presiones de orden cultural y social. Por tanto, la enseñanza de una Iglesia, por ejemplo, respecto de la homosexualidad, el aborto, la anticoncepción, etcétera, puede ser vista como una discriminación o presión y combatida por tanto por el Estado.
Por último, se habla de la obligación de los ciudadanos a seguir las pautas antinatalistas. En el Artículo 2º, literal i) del Capítulo I se establece el derecho y la obligación de hombres y mujeres, cualquiera sea su edad, a controlar responsablemente su sexualidad. Por lo tanto, aquí se quiere imponer una obligación para toda la población de seguir las pautas anticonceptivas y abortivas que se promueven.
La cuarta razón es la legalización y generalización de la asesoría para abortar que se realiza en el Hospital Pereyra Rossell. Aquí simplemente nos remitimos al Artículo 5º, literal b) del Capítulo I del proyecto, omitiendo su lectura en este momento.
La quinta razón es la promoción de una mentalidad antinatalista acorde con las directivas internacionales de control de la población en una situación de despoblamiento y envejecimiento de nuestra población, lo que compromete el futuro de la sociedad uruguaya; ese es uno de los efectos de la legalización del aborto.
El proyecto de ley en sus artículos 4º y 5º garantiza el acceso a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables y apoya a las parejas y personas en el logro de sus metas en materia de sexualidad y reproducción, contribuyendo al ejercicio del derecho a decidir el número de hijos y el momento oportuno para tenerlos. En realidad se busca con ello inducir a las parejas para que tengan pocos hijos. Esto se inspira, consciente o inconscientemente, en la estrategia de las economías centrales a nivel mundial que buscan combatir a la pobreza, impidiendo a los pobres tener hijos en vez de invertir en el desarrollo económico.
La sexta razón es el atentado contra el derecho a la vida, razón fundamental y central para nosotros. El ser humano existe desde la fecundación; este es un hecho irrefutable, que hoy en día no admite discusión a nivel científico. El derecho a la vida es el derecho humano fundamental, base sin la cual no es posible proyectar la vigencia plena y absoluta del resto de los derechos humanos. La razón de ser del Estado de derecho es velar por los derechos humanos. El Estado defiende los derechos mediante leyes que penalizan las infracciones que se cometan a los mismos. Despenalizar el aborto atenta contra el derecho humano fundamental y pone en cuestión el Estado de derecho mismo.
La séptima razón es el aborto a demanda hasta los nueve meses. En el Artículo 9º del Capítulo II se establece que para ejercer el derecho reconocido en el artículo anterior, la mujer alegará ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción. Situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso. El proyecto dice "a su criterio", o sea, por la sola voluntad de la mujer; en los hechos es un aborto a demanda.
En el Artículo 11º se establecen restricciones que en realidad no lo son, porque dice que fuera de lo establecido en el artículo 8º de la presente ley, la interrupción de un embarazo solo podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer o para salvar su vida. De acuerdo con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, citada al comienzo de la exposición de motivos de este proyecto de ley, el estado de bienestar bio-psico-social se corresponde con el concepto de salud. O sea que cualquier cosa que afecte el bienestar físico, psicológico y social de la mujer a causa de su embarazo será una razón suficiente para abortar, por ejemplo un estado depresivo derivado del embarazo.
La octava razón es el atentado a la salud de la mujer. En los países en que se legalizó el aborto igualmente se denuncian casos de muertes maternas por aborto legal recogidos en diversos sitios de Internet. También hay estudios que demuestran que el aborto tiene relación con el cáncer de seno, y está demostrada la existencia del síndrome post aborto que también repercute en la mujer.
La novena razón es el atentado a la objeción de conciencia. El artículo 16 del Capítulo III establece: "Aquellos médicos o miembros del equipo quirúrgico que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia la presente ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenezcan dentro de los treinta días contados a partir de la promulgación de la misma. Quienes ingresen posteriormente, deberán manifestar su objeción en el momento en que comiencen a prestar servicios.- Los profesionales y técnicos que no hayan expresado objeción, no podrán negarse a efectuar las intervenciones.- Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable en los casos graves y urgentes en los cuales la intervención es indispensable".
En primer lugar, entendemos que el plazo de treinta días es muy corto y, en realidad, no sabemos por qué hay que establecer un plazo. Bastaría con prever la posibilidad de que el médico comunicara en cualquier momento su objeción de conciencia a la institución. El plazo es muy exiguo, y una vez vencido, el médico queda obligado a actuar contra su conciencia o perder su empleo.
Asimismo, el médico que comienza a trabajar en la institución queda en inferioridad de condiciones ante el que no expresa objeción en hacer abortos. En todo caso, este proyecto de ley no prevé garantizar en dichos casos la igualdad de oportunidades para el acceso al empleo.
Por último, aunque el médico haya presentado su objeción en tiempo y forma, estará obligado a practicar el aborto en los casos graves y urgentes, pero en el proyecto no se especifican cuáles son.
La penúltima razón es el atentado a la profesión médica. En el Capítulo II, Artículo 10, "Deberes del médico", se establece: "El médico deberá: a) brindar información y apoyo a la mujer respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, antes, durante y después de adoptar una decisión". Aquí se obliga al médico a apoyar a la mujer en su decisión de abortar, lo que iría contra el juramento hipocrático, que es contrario a la colaboración en el aborto.
El último argumento es la ineficacia del proyecto de ley para impedir los abortos clandestinos. En ese sentido, en el Capítulo II, artículo 9º se establece: "(...) Su voluntad deberá quedar asentada en el consentimiento previo informado, diseñado específicamente a tales fines", y el literal c) del artículo 10 dice que el médico deberá "recoger la voluntad documentada de la mujer de interrumpir el proceso de gravidez, avalada con su firma y adjuntarla a la historia clínica de la misma".
Entendemos que estas normas no impedirán que se continúe con el aborto clandestino, pues serán muchas las mujeres que no querrán que conste en su historia médica la realización de un aborto.
Esas son básicamente las razones por las que nos oponemos al proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación de la Corriente Social Cristiana del Partido Nacional)

(Se retira de Sala la delegación de la Corriente Social Cristiana del Partido Nacional)

(Ingresa a Sala una delegación del Movimiento Ecuménico Provida)
—— La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social da la bienvenida a una delegación del Movimiento Ecuménico Provida, integrada por los señores Eliomar Carrara, docente de bioética, Damián Silva y José de Mattos, a quienes damos la palabra para referirse al proyecto de ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.

SEÑOR CARRARA.- Agradecemos a vuestra Comisión la oportunidad que nos brinda de expresar nuestra opinión sobre el denominado proyecto de ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.

Queremos enfocar, en lo personal, uno de los temas que aun siendo medular al texto del proyecto ha estado práctica y extrañamente ausente de las discusiones en esta Comisión y hasta en el mismo pleno del Senado el año pasado. Nos referimos al concepto de género.
En nuestra personal condición de docente de bioética de la Escuela Católica de Enfermería reconocida institución con más de setenta y cinco años de servicio educativo en el país y anexa a la Universidad Católica del Uruguay y, además, como militante Provida, hemos tenido oportunidad de profundizar en la temática de género, la cual está íntimamente ligada a la compleja y delicada cuestión de la homosexualidad, tratada esta última en nuestro programa de bioética como una de las condiciones humanas pasibles de sufrir discriminación, actitud por cierto a desestimular, ubicándola debidamente sin prejuicios y sin temores en sus diversos aspectos.
En el artículo 2º de este proyecto, y jerarquizado nada menos que como primer principio, se dice: "Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables y su protección incluye: a) la equidad de género". Pero, extrañamente, el concepto de género no se define luego. Simple y tautológicamente tan solo se lo vuelve a mencionar en el artículo 3º, literal b), en el que se señala como uno de los objetivos generales precisamente "(...) la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones". Ni en el texto del proyecto, ni en su exposición de motivos se dice nada más verdaderamente sustancial, abundándose sí en ambos lugares sobre el aborto y la educación sexual, pero con un silencio total acerca de qué se debe entender por género. Apenas en la exposición de motivos se señala sobre el género lo siguiente: "Se manifiesta así el estereotipo de género de 'ser para los demás', 'cuidar de los otros', en detrimento del 'ser para sí', 'cuidarse a sí misma'".
De este modo, consideramos que soslayado el término, "ipso facto", es imposible soslayar una grave falta: proponer a consideración y eventualmente votar un artículo con un concepto jerarquizado nada menos que como principio rector, del que paradójicamente no se dice cuál sea su naturaleza ni su alcance. Eso fue lo que vimos penosamente y con perplejidad en el tratamiento que dio a este proyecto la Cámara de Senadores, pues no parece ser lógico, serio, ni digno de un ámbito de discusión parlamentaria la no explicitación del significado de los conceptos medulares de las leyes que elaboran y que regirán la vida de la ciudadanía.
¿Qué se entiende por género en este proyecto? Simplemente, hasta ahora, por un lado, nadie lo explicitó y, por otro, nadie lo preguntó; parece dárselo por sobreentendido. Ni siquiera una sola referencia explícita a texto alguno, ya fuera de índole normativa, reglamentaria, internacional o nacional no obstante haberse creado ya hace un tiempo departamentos de género en cada uno de los Ministerios Públicos, ni tampoco, por otro lado, ninguna requisitoria al respecto.
Hecha la señalización sobre esta, a nuestro entender, grave carencia de contenido formal jurídico, a nadie escapa cuáles son los tópicos comunes del concepto de género en el debate actual; están en las declaraciones de diversos actores públicos, en las llamadas agendas de género. Primariamente, hacen referencia al género vinculándolo a un sentido de equidad entre el varón y la mujer, y el consecuente reclamo "inter alia" de protección a la mujer en los casos de violencia doméstica, de desigualdad salarial, de pago de pensiones alimenticias, y a favor de cuotas femeninas en la confección de las listas de los partidos políticos, cuestiones las primeras tres para las cuales, no obstante, existen leyes y normativas varias desde hace décadas. Sin embargo, a nadie escapa a no ser que alguien se quiera hacer el distraído que la cuestión delicada es otra.
Todos sabemos que la perspectiva o teoría de género es una nueva ideología promovida con enorme presión por parte, inclusive, de organismos internacionales, la cual sostiene básicamente parafraseando el archipublicitado aforismo de Simone De Beauvoir- que uno nace varón o mujer y luego se hace heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, travesti, etcétera.
Si nos detenemos un instante, vemos que aquí se expresa una manera de considerar la cuestión básica de la relación entre lo innato y lo adquirido, o sea, entre los datos de lo que todo ser humano recibe y posee a partir de su naturaleza biológica y aquello otro que va integrando desde el aporte de la experiencia, es decir, de la vida en familia, en sociedad, de la cultura. Precisamente, en la consideración de esta relación entre lo innato y lo adquirido, he ahí el nudo gordiano de la ideología de género. En este sentido, toda la literatura, las descripciones filosóficas o sociológicas y las declaraciones de parte a favor del género, en su estructura fundamental y esto es lo esencial restan importancia al primer término, es decir que desmerecen el dato innato de la naturaleza biológica, jerarquizando hasta absolutizar en algunos casos el valor de la influencia cultural y de la decisión personal. Y esta idea de que uno nace varón o mujer y luego se hace hetero, homo, bisexual, travesti, transexual, etcétera, se la quiere hacer aparecer como un hecho constatable, unívoco y, por tanto, irrefutable. Sin embargo, esto constituye una mera interpretación. En términos filosóficos, es una "petitio principii", un axioma, el consabido punto de partida ciertamente legítimo, pero no menos legítimamente obligado a ser sometido al juicio de la razón natural, es decir, tanto a justificación como a crítica: a justificación favorable so pena, de lo contrario, de configurarse como fundamentalismo caprichoso y a crítica desfavorable so pena, de lo contrario, de tragarse un sapo. Una cosa es ser fundamentalista, otra principista, y una muy otra, acrítico. A cuenta de la justificación, la perspectiva de género básicamente presenta el sexo natural varón o mujer, distinguiéndolo de la opción sexual de múltiple posibilidad.
A cuenta de la crítica nosotros señalamos que diversas corrientes filosóficas y psicológicas inspiradoras de una gama inmensa de iniciativas culturales de todo tipo indican que dicha opción sexual no se da como una pura elección entre varios caminos equidistantes posibles, sino que está fuertemente condicionada, cuando no determinada, por la naturaleza biológica. Sin desconocer el hecho de la inclinación homosexual cuestión ardua, debatida en la teoría y abierta a un sinfín de consideraciones y el abanico de diversidad de opción sexual existente en la sociedad, es claro que la inmensa mayoría de los seres humanos sencillamente no puede elegir contra el dictado de sus hormonas. Basta recorrer un poco el orbe y el barrio. Con esto no queremos negar legítimos derechos de algunas minorías, sino manifestar la importancia de lo genético. La naturaleza reclama lo suyo.
Para vislumbrar las dificultades que podrá tener este proyecto en esta cuestión del género bastaría considerar otros ineludibles dramas de la condición homosexual, como su connatural esterilidad, ya que la persona homosexual nunca podrá engendrar un hijo con la persona amada, y la ausencia de polaridad complementaria para la crianza de niños, necesidad natural de todo infante a ser criado por un padre y una madre y, por tanto, un derecho prioritario.
¿Y qué se diría de este otro punto de vista contrario al axioma de género y que seguidamente planteamos? Es el siguiente: uno nace varón o mujer a partir de una relación de naturaleza heterosexual; por tanto, la heterosexualidad es natural y la homosexualidad es antinatural, axioma tradicional este si los hay y que a lo largo de siglos ha configurado civilizaciones de distinta matriz y que se quieren mostrar como antiguallas monolíticas preñadas de tabúes intolerantes.
Esta sucinta consideración de la correspondencia de la heterosexualidad con la naturaleza biológica sexuada del hombre y la homosexualidad como una contradicción con la misma es, como cualquiera puede ver, otra manera diferente de decidir los puntos de partida interpretativos de la sexualidad, consideración también sujeta a crítica.
Pero preguntamos nosotros: ¿quién sensata y válidamente puede decir que sea menos legítima de ser sostenida por un individuo, unos padres o una institución? En otras palabras, la sexualidad es una pluridimensión humana compleja que integra las dimensiones de lo genético, lo sico-afectivo, la racionalidad, la voluntad, el proyecto de vida, la educación, el sentido ético, la vivencia familiar, la incorporación de tradiciones y novedades culturales, el acervo científico y humanístico y las convicciones filosóficas y religiosas. La sexualidad, decíamos, se puede considerar desde un sin fin de puntos de vista. Los axiomas de toda ciencia y de todo sistema son como los cimientos de una casa, que admiten una diversidad legítima de expresiones, aunque luego habrá que ver si la realidad se corresponde con ellas, o si son un puro idealismo que persigue el sueño quimérico de que la realidad se le acomode. Será esta cuestión de la correspondencia entre la realidad y lo que uno piensa de ella, motivo de interés mayor del individuo humano y no menos de quienes trabajan por el bien público. La sexualidad y más precisamente, el ejercicio de la genitalidad puede ser fuente de enorme felicidad y también de grandes desdichas. ¿O el ser humano tal vez pueda ser un muñeco mecano que se arma o desarma, al que se le ponen y se le quitan cosas a puro capricho y sin ningún daño biológico, psicológico ni social? En este sentido, permítasenos recordar aquel aforismo que dice: "Dios siempre perdona, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca".
Ahora llegamos al punto medular que queremos señalar de este proyecto, que es la cuestión de género. No negamos que personas e instituciones tengan derecho a sostener esta ideología como su propia cosmovisión de la sexualidad, pero otra cosa es que el Estado la asuma y pretenda imponerla al conjunto de la sociedad, y aún más: ¡combatir! Así dice el texto en dos ocasiones, lo que perfectamente pueden interpretarse como referido al tema de género. ¿Combatir a quiénes? Creemos que se trata, obviamente, de personas o instituciones que legítimamente consideran la sexualidad desde otras perspectivas.
El rechazo de la interpretación de la sexualidad desde la perspectiva de género que consagraría este proyecto, ¿podría ser considerado a tenor del inciso g) del artículo 2º como una "discriminación de orden cultural", o a tenor del inciso h) del mismo artículo, como una "presión social o cultural que el Estado tendrá el deber de combatir"? ¿Qué hay de la objeción de conciencia, ya no de los médicos respecto al aborto, sino de los padres respecto a que se enseñe a sus hijos esta perspectiva de género? ¿Hará propaganda a favor de la autonomía y la confidencialidad de los niños y en contra de los padres, como está ocurriendo ahora en España con los programas gubernamentales denominados de Educación para la Ciudadanía? ¿Quedarán los padres ese gigante dormido aún convencidos y cruzados de brazos ante lo que digan las maestras, que tendrán la obligación de enseñar esta perspectiva a los niños? ¿Los mismos maestros no reaccionarán?
Por otra parte, el hecho de que este sea un proyecto de educación con contenidos explícitos queda patente en el inciso d) del artículo 3º, en el que se habla, como otro de los objetivos generales de este proyecto, de capacitar a las y a los docentes de los ciclos primarios, secundario y terciario para la educación en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En otras palabras esto se viene como el pan y la leche a la escuela.
Si no se contemplaran estas cuestiones que señalamos, no vemos cómo la libertad de pensamiento y de expresión no quedaría seriamente dañada. Esto no sería un progreso, sino un gravísimo retroceso en democracia, una forma de totalitarismo en materia sexual. Se estaría violentando gravemente la neutralidad del Estado, la laicidad, y nada menos que la patria potestad. Reiteramos: esto irá no sólo al aula escolar, sino también al consultorio médico en la policlínica, y al despacho del juez. ¿Estaríamos hablando de un estado política y religiosamente laico, pero sexualmente confeso, y aún más, militantemente combativo, de un neoconfesionalismo sexual expresado en términos de género; de una sociedad en la que se puede no infligir ninguna ley contra la discriminación de tipo religiosa aunque uno sea militantemente ateo y crítico de toda postura religiosa, pero contrariamente infligirla si la materia fuera la sexualidad humana? ¿También estaríamos hablando de una enseñanza laica donde se ha proscrito siquiera la referencia cultural al hecho religioso, so pena de violar la laicidad, y se introduce a fórceps una perspectiva de género enormemente polémica?
Concluimos, pues, sobre este tema, en que este proyecto de salud sexual y reproductiva, de aprobarse, no tendrá el efecto de un tranquilo panal de abejas obreras, sino el de un avispero alborotado, y pocos quedarán indiferentes. Se trata de un proyecto que aparece revestido de combate contra la intolerancia hacia la autonomía de decisión y a las personas con opción sexual diversa, pero que no puede disimular su intención de combatir toda opinión diferente, lo que inclusive explícita. En este sentido, con relación a la perspectiva de género decimos serena y claramente: ni homofobia, ni homocracia. Tampoco discriminación injusta contra las personas homosexuales, ni concesión acrítica a una ideología que claramente promueve la polémica homosexualidad. Se habla de la homosexualidad incuestionable. ¿Será éste un nuevo aspecto modélico de la laicidad? Las modas pasan; los modelos, por ser genuinos, por corresponderse con la humana realidad, perduran.
Muchas gracias.

SEÑOR DE MATTOS.- Quisiera hacer una crítica en cuanto a las cifras que se manejan con respecto al aborto.

Se ha dicho que el 61% de la población está de acuerdo con el aborto. En primer lugar, quiero decir que este dato se obtuvo de un sondeo realizado en 2005 por la empresa Factum. Esta encuesta fue hecha con una pregunta muy tendenciosa y confusa. La pregunta que se realizó fue: "El Senado tiene en discusión hace un tiempo una ley que permite a las mujeres recurrir al aborto dentro de las primeras doce semanas del embarazo y también, como existe actualmente en la legislación, en caso de violación, de riesgo de vida de la madre o de malformaciones del feto. ¿Está usted a favor o en contra?". Si el objetivo era saber que porcentaje de la población estaba a favor del aborto ¿no hubiera sido más fácil preguntar: "¿Está usted a favor o en contra del aborto?"
Por otro lado, esta cifra no justificaría absolutamente nada. Si consultáramos en la Alemania nazi "¿Está usted de acuerdo o en contra de Hitler?" En ese caso el sí ganaría por un amplio margen, pero eso no convertiría el holocausto judío en algo correcto y legitimable.
Otros afirman que legalizar el aborto abatiría la clandestinidad de dicha práctica. Esto es una utopía. Primero que nada, en ningún país en donde se legalizó el aborto ha sucedido esto, y hay razones muy simples para ello. Sabido es que la gran mayoría de los abortos no se realizan porque la madre corra riesgo de vida caso que, lamentablemente, ya está contemplado en la legislación vigente, sino porque se trata de embarazos considerados vergonzosos, que se quieren ocultar, en primera instancia, a los padres. Come tacuaremboense puedo afirmar que si en el interior una muchacha fuera a abortar en el hospital, al otro día toda la ciudad lo sabría. Por lo tanto, esa joven seguirá buscando una forma clandestina de abortar. Además muchas mujeres aborrecerían que en su historia clínica apareciera algún aborto.
También se dice que disminuiría el número de abortos. Este argumento no tiene lógica. Es como si algunas mujeres abortaran sólo por llevarle la contra a la ley, o que esta haga que disminuya la "necesidad" entre comillas de abortar.
Se ha mencionado en los últimos días el caso de Italia como ejemplo, ya que aparentemente habría disminuido el número de abortos después de su legalización. Cuando nos fijamos en los datos advertimos que la cifra, en un principio, había subido tanto como en los otros países y que luego había empezado a disminuir hasta mantenerse, en los últimos años, en cifras próximas a la que había antes de su legalización. Consultamos con un italiano a qué se debía ese fenómeno tan diferente al resto de los países, y nos dijo que Italia es según cifras oficiales el país con más abortos clandestinos de Europa, lo cual aumentaría la cifra en un 25%., pero que ese fenómeno, fundamentalmente, tiene un nombre, y es Juan Pablo II, quien impulsó fuertes campañas de concientización. Pero en todo el resto de los países ha aumentado significativamente año a año, como es el caso de Australia, Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Cuba, Suecia, Francia, y muchos más.
También se afirma que la ley tiene que aprobarse para que se condiga con la supuesta realidad de que hay miles de abortos por año en el Uruguay, y se dice que se hacen noventa abortos por día. En realidad, estas cifras no pueden ser oficiales, ya que las mismas no existen. A su vez es como afirmar que dado el número de rapiñas hay que legalizarlas. Opinamos que de ser cierta la cifra que se da, efectivamente, sería muy alarmante, pero la solución no es legalizar el aborto, sino aprobar otros proyectos existentes, los cuales realmente apoyan a las madres y las ayudan para que no tengan que llegar a matar a su hijo.
Por otro lado, históricamente se han inflado las cifras en éste sentido, habría muchísimos ejemplos pero, por razones de tiempo, citaré uno. El doctor Bernard Nathanson, quien fuera durante años "el rey del aborto" en Estados Unidos y uno de los principales promotores de su legalización en ese país, también fue director del "Centro de Salud Reproductiva y Sexual" de Nueva York que, en ese entonces, era la mayor clínica abortista del mundo. Pero al final de los setenta renegó de su militancia en pro del aborto y llegó a ser un gran abogado de la causa pro-vida.
Algunas declaraciones de él son las siguientes: "Nuestro primer gran logro fue tener de nuestro lado a los medios masivos; les convencimos de que la causa pro-aborto favorecía a un avanzado liberalismo y sabiendo que en encuestas de verdad seríamos derrotados, inventamos resultados de supuestas encuestas y los publicamos en los medios; según las encuestas que inventamos el 60% de los norteamericanos era favorable a la implantación de leyes permisivas del aborto. Fue la táctica de exaltar la propia mentira y conseguimos un apoyo suficiente tergiversando el número de abortos ilegales que se producían anualmente en Estados Unidos. Esta cifra era de 100.000 aproximadamente, pero la que reiteradamente dimos a los medios fue de 1:000.000, y cuando hay una mentira lo suficientemente reiterada es el público quien la hace verdad, y el número de mujeres que morían anualmente por abortos ilegales oscilaba entre 200 y 250, pero la cifra que continuamente repetían los medios era de 10.000, y a pesar de su falsedad fue admitida por muchos norteamericanos convenciéndolos de la necesidad de cambiar las leyes sobre el aborto.- Otro mito que extendimos entre el público fue que el cambio de las leyes solamente implicaría que los abortos que se practicaban ilegalmente, pasarían a ser legales. Pero la verdad es que actualmente, el aborto es el principal medio para controlar la natalidad en EEUU, y el número anual de abortos se ha incrementado en un 1.500%, es decir quince veces más".
Otra cosa que se afirma es que la ley no obliga a nadie a abortar y, por lo tanto, legalizar el aborto solo ayudaría a quienes desean abortar para que no lo tengan que hacer clandestinamente. Es cierto que la ley no obliga a nadie a abortar, si se legalizara el robo no se estaría obligando a nadie a robar, lo que se estaría haciendo es no defender el derecho de las otras personas a no ser robadas. Legalizar el aborto no obliga a abortar, pero deja de proteger el derecho a la vida de los niños nonatos.
Creemos, por tanto, que sólo la mención de que se pueda legalizar el aborto a través de un proyecto de ley debería ser motivo de sobra para desecharla.

SEÑOR SILVA.- Como cristiano evangélico y estudiante de Derecho, quería hacer las siguientes aclaraciones sobre el proyecto a estudio de esta Comisión.

Quiero decir que este proyecto atenta contra todo el orden jurídico y todas las fuentes principales del Derecho Positivo uruguayo, como así también contra la Constitución y los derechos humanos. Y el principal derecho humano que consagra la Constitución es el derecho a la vida, el cual está siendo violado por contener este proyecto la despenalización del aborto.
El artículo 21 del Código Civil dice que personas son todos los individuos de la especie humana y que se es persona desde la concepción. Hay dos momentos determinantes en la existencia humana: la concepción y el nacimiento. La concepción comprende la vida intrauterina, y el nacimiento el desprendimiento del claustro materno. Estos dos momentos de la vida también son dos hechos jurídicos. El primer hecho jurídico, la concepción, confiere a la persona física, al embrión humano en el vientre materno, la calidad de sujeto de derecho. El segundo hecho jurídico, el nacimiento, otorga a la persona física derechos hereditarios, patrimoniales, y otros derechos de la personalidad subjetivos.
La concepción en el ceno materno marca el comienzo de la existencia humana. El feto, en su vida intrauterina, ya es sujeto de derecho, de modo que el nacimiento solo confirma y hace visible la existencia humana del concebido. Es así que el artículo 21 del Código Civil asimila los conceptos de individuo de la especie humana y de persona.
También quiero decir que el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es Derecho vigente y Positivo en nuestra República a partir del 7 de setiembre de 2004, pone de relieve varios conceptos que coinciden íntegramente, como el de la personalidad, el de sujeto de derecho, el de la capacidad jurídica, el de la calidad de ser humano, el de la vida humana y el del hombre. Estos conceptos coinciden, como dije, íntegramente, de manera que no se concibe en nuestro Derecho Positivo a un ser humano, a un hombre con vida la vida ocurre desde la concepción, a quien el orden jurídico no le reconozca responsabilidad. Esto lo dice el doctor Píriz. Estos argumentos legales sirvieron de fundamento y base para el actual Código de la Niñez y la Adolescencia como dije, vigente desde el año 2004, y reglamentado por la Ley Nº 17.823 y son el artículo 4º, conocido por todos, de la Convención Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 1º de la Declaraciónde los Derechos del Niño. De acuerdo con estas normas, el derecho a la vida debe ser respetado desde la concepción, y la calidad de niño se tiene desde ese mismo momento. Repito que es un derecho vigente que parece haber sido olvidado por nuestros legisladores y por nuestro Estado uruguayo. El artículo 3º del Código de la Niñez y la Adolescencia expresa el principio de protección de los derechos. Dice que todo niño tiene derecho a las medidas especiales de protección de su condición de sujeto de derecho en desarrollo y exige por parte de su familia, la sociedad y el Estado, esta protección. Como se ve claramente, este artículo establece el deber de la patria potestad en atención al hijo, considerándolo como un bien jurídico supremo a proteger. Fija la protección de la sociedad al niño concebido, equilibrando este artículo los derechos de los individuos en la sociedad, es así el derecho del embrión entre los derechos de la madre, el padre y demás sujetos de la propia sociedad.
Quiero hacer una aclaración sobre lo que es el derecho. El derecho significa un deber ser, y como decía Antonio Machado, del ser saben los hombres y las lagartijas; del deber ser sabe solamente el hombre. Ese deber ser tiene que ser un deber justo, y por Justicia el derecho entendía dicho por un catedrático como Jiménez de Aréchaga la defensa del débil ante el fuerte, ejemplo tomado de la fábula del halcón y la grulla que citaba en su libro. También quiero mencionar lo que dice Ulpiano, que no basta la igualdad de tratamiento para que sea algo justo. La Justicia exige la adecuación entre el tratamiento que se da y la cualidad del objeto que es tratado. En este caso el objeto tratado es el más indefenso de la sociedad: el embrión humano. Así es justo defender la vida del débil, del embrión humano, del niño indefenso en el vientre materno ante un descuartizamiento atroz como el aborto. Ulpiano dice además que Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Ahora hay que determinar el derecho de cada uno. Aquí aparece el principio general del derecho que expresa que el derecho de cada uno se extingue donde comienza el derecho del otro. Así que el derecho de la madre a abortar, a decidir sobre su cuerpo, su reproducción y a planificar su familia culmina y se extingue donde comienza el derecho de la vida del otro; esto es en la concepción del embrión humano en el vientre materno, de su hijo que comienza a gestarse
Ulpiano sigue hablando y dice más. Dice que cada hombre tiene su derecho, su "sum", y que le corresponde como tal. Cada uno tiene un suyo que es igual a todos. Esto es suyo de cada uno y exige el respeto y el reconocimiento por parte de todos. Este proyecto relativo a la salud sexual y reproductiva no reconoce la vida humana ni los derechos del niño. Ese suyo que corresponde a todos es un valor supremo del ser humano independiente a todos los valores que cada hombre pueda adquirir por contrato, actos o méritos; no se funda en lo que el hombre hace sino en lo que el hombre es.
También quiero decir que vivir en sociedad es lo contrario a la ley del más fuerte. Es la ley del respeto. La finalidad del derecho es la convivencia social pacífica. Convivencia defino la palabra es igual a preferir la vida de todos, es la común vivencia, que todos vivan. Si este proyecto de ley establece el aborto, que significa cortar una vida humana, está en contra de los principios generales del derecho. La convivencia se logra por el respeto de los demás hacia los derechos míos y por mi respeto a los derechos de los demás. El derecho busca asegurar la convivencia en paz y en orden, en lo que se llama seguridad. Entonces, legitimar el aborto sería provocar inestabilidad social, y esto me asombra, ya que la vida del ser humano no está garantizada. El respeto a la vida del otro es violado por una ley de aborto, hecho que queda impune, que no da lugar a reclamar daños y perjuicios por parte de los hombres, padres, que ven lesionados sus derechos a ser padres y a procrear. Esto desembocaría en lo peor, en la injusticia. Y llevaría a lo que nadie quiere, a la justicia por mano propia, a la violencia doméstica que tanto nos asusta, ya que lleva al progenitor hombre, padre de la criatura que ha sido abortada, al único camino que le queda: tomar justicia por mano propia. ¿Y contra quién la va a tomar? Contra la mujer que ha dado muerte a su hijo. Este hombre no encuentra en el derecho posibilidad de resarcir esa condición injusta que ha sufrido. Esta violencia en la sociedad introduce una sensación de inseguridad y de inestabilidad, porque el derecho es un adelantamiento, genera certeza. Yo determino por el derecho el comportamiento de cada uno de ustedes aquí presentes; sé que no me van a pegar ni a agredir porque hay normas de derecho que me defienden. Ahora bien: si nosotros abolimos el derecho a la vida y ponemos una despenalización del aborto, generamos una incertidumbre. Yo puedo con una compañera decidir tener un hijo y ella a mis espaldas o diciéndomelo después puede decidir matarlo. Entonces yo como hombre nunca voy a saber si me está diciendo la verdad, si voy a ser padre o no, o qué hizo con la vida de mi hijo. Esa incertidumbre social va a generar movimientos grandes de depresión, de rabia contenida, y desequilibrios, porque la sociedad es una confrontación de derechos, pero todos tienen que ser iguales.
Es todo cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión agradece la presencia de la delegación.

Se levanta la reunión.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada